Se consideran Créditos Respaldados, cualquier operación de financiamiento celebrada por una persona independiente que esté garantizada por una parte relacionada del mismo acreditado. (Artículo 11 de la LISR)

El contribuyente debe demostrar que esas operaciones cumplen con los principios de precios de transferencia, y tienen una razón de negocio, garantizando a su vez la máxima protección de los contribuyentes para deducir las erogaciones derivadas de verdaderas operaciones de negocios y la recaudación.

El posible efecto de esta práctica para el contribuyente es la imposibilidad de deducir los intereses que serán recaracterizados a dividendos, aún que se haya cumplido con la regulación antiabuso, lo que implica una limitación a las actividades lícitas que pueda realizar, y a sus fuentes de financiamiento, aun cuando es excesivamente amplia la regulación, se incluyen supuestos ajenos a la finalidad de la regla especial antielusión, sin admitir prueba en contrario, lo que ha provocado que empresas internacionales se limiten para invertir en nuestro país, considerando las posturas, criterios e interpretaciones, por parte de nuestras autoridades en ese sentido.